Los Pueblos Indígenas son fieles administradores y protectores de la naturaleza y de la diversidad biológica
Según las investigaciones, unos 370 millones de Pueblos Indígenas viven en más de 90 países del mundo.[1] Muchos de los territorios donde residen contienen ecosistemas de transcendental importancia los cuales poseen un gran porcentaje de la diversidad biológica y de los bosques que quedan en el planeta. Estos mismos ecosistemas y los recursos que albergan son vitales para la mitigación y adaptación al cambio climático y para proveer los medios de vida y supervivencia de los Pueblos Indígenas.[2]
Se ha reconocido que los Pueblos Indígenas, sus sistemas tradicionales de gestión de los recursos naturales y sus conocimientos tradicionales sobre la ecología constituyen una fuente importante de resiliencia y adaptación. Vale mencionar que dicho reconocimiento se ha incorporado recientemente en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC AR5); y varias decisiones en conferencias de las partes de la CMNUCC, especialmente en los acuerdos de Paris, Cancún y Varsovia; además del Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (WCIP por sus siglas en inglés). Asimismo, la mayor parte de las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas que han establecido políticas específicas sobre los pueblos indígenas también lo han incorporado.
Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales juegan un papel esencial en la protección de los bosques y sábanas boscosas y en evitar cambios en el uso y cobertura de la tierra. Ambas funciones son esenciales para lograr reducir las emisiones de gases con efecto invernadero.
En las tierras de los pueblos indígenas y comunidades locales se encuentran casi 300 mil millones de toneladas métricas de carbono, equivalente a 33 veces las emisiones generadas en la producción de energía a nivel mundial en el año 2017. De hecho, los pueblos indígenas y las comunidades locales administran cuando menos el 22% del total del carbono que se encuentran en los bosques tropicales y subtropicales.
Si bien los Pueblos Indígenas y las comunidades locales administran más del 50% de las tierras del mundo, solamente cuentan con la titularidad legal del 10% de las mismas.[3] A causa de dicha brecha, estas tierras están expuestas a amenazas por parte de la producción agroindustrial, las prácticas destructivas de la minería, la tala de árboles y los megaproyectos de infraestructura. Por lo tanto, el reconocimiento de los derechos de los PI y de las comunidades locales es esencial para cumplir con las metas fundamentales del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentables, las Directrices Mundiales para la restauración de bosques y la protección del 30% del planeta para el año 2030.
Los derechos de las mujeres indígenas, así como de las comunidades locales —quienes juegan papeles significativos como lideresas, administradoras de bosques, fuentes de ingresos económicos y transmisoras de conocimientos tradicionales y culturas— no han recibido la protección legal adecuada. Es necesario desglosar los datos sobre los impactos diferenciales del cambio climático ocasionados a los pueblos indígenas en general y a las mujeres indígenas en particular.
A pesar de contar con la huella de carbono más bajo, pagan el doble de precio por los impactos del cambio climático
Los PI en todas las regiones ya están experimentando los impactos del cambio climático y son algunos de los más vulnerables dado que dependen en gran medida de los recursos naturales para sostenerse. A través de la historia, estas comunidades han logrado adaptarse. Sin embargo, la subida abrupta del nivel de los mares, el desplazamiento de las temporadas de cultivo y los fenómenos meteorológicos erráticos han creado problemas que requieren asistencia técnica y financiera.
Esto significa que el cambio climático ha agudizado una situación que ya estaba muy delicada, asociada con la marginalización histórica de los PI en las prácticas de desarrollo, altos índices de pobreza y bajos niveles de alfabetismo, una representación débil e inadecuada en las estructuras de gobernanza y de toma de decisiones, aspectos que en su conjunto perjudican el bienestar de los pueblos indígenas, sus medios de vida, sus culturas e identidades.
A fin de cuentas, los Pueblos Indígenas pagan un “precio doblemente negativo” por el cambio climático. Sufren de sus impactos directos y adversos y también de los efectos dañinos de las acciones o medidas que, si bien buscan prevenir el cambio climático o detener su agravación, están desprovistas de salvaguardas.
El aseguramiento de los derechos a la tenencia de las tierras para los Pueblos Indígenas contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Mediante las investigaciones se ha demostrado que cuando los Pueblos Indígenas y las comunidades locales gocen de derechos legalmente reconocidos y ejercitables, se puede reducir de manera significativa tanto la deforestación como las emisiones de carbono, comparado con lo que pasa en las zonas fuera de los bosques comunitarios. Asimismo, según las evidencias, parece que los sistemas comunitarios de gestión de pastizales, entre ellos los sistemas pastorales migratorios y de agropastoralismo, contribuyen a un mejor almacenamiento de carbono que un modelo sedentario o de ganadería.[4] Por lo tanto, el aseguramiento de los derechos de los PI a la tierra constituye una de las soluciones más equitativas y efectivas en términos de sus costos para cumplir con los objetivos ambiciosos del Acuerdo de París, en el cual se hace un llamado a todas las Partes a implementar acciones basadas en la equidad, el contexto del desarrollo sustentable y los esfuerzos encaminadas a la erradicación de la pobreza (CMNUCC, artículo 4.1).[5]
Muchos de los medios de vida y prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas dependen en gran medida de los bosques y los recursos forestales. Entre ellos se incluyen las prácticas de caza y recolección y de pastoreo a nivel de subsistencia, lo cual implica que también requieren el acceso al agua, leña y las medicinas indígenas, entre otros beneficios. Todas estas actividades de producción son esenciales para el sostenimiento de los pueblos indígenas, ya que contribuyen a su seguridad alimentaria. A la vez, tienen importancia como modalidades del uso de la tierra y administración forestal que muchas comunidades locales e indígenas aplican y que contribuyen a la administración sustentable de los bosques.
Si se busca proteger el ambiente y conservar los bosques, pero sin entender y reconocer las contribuciones de los pueblos indígenas a través de sus prácticas tradicionales del uso de los bosques y administración forestal (lo que incluye sus conocimientos tradicionales), es posible que los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas quedarán aún más marginalizados y perjudicados. REDD+, en cambio, puede contribuir al reconocimiento del valor de los sistemas de conocimientos tradicionales en la administración de los bosques, fortaleciendo la capacidad de los pueblos indígenas para que se logre una conservación y gestión forestal sustentable a largo plazo.
Seguridad de tenencia de la tierra en el contexto de la Política de Pueblos Indígenas del GCF
La seguridad en la tenencia de las tierras, territorios y recursos naturales juega un papel crítico en la supervivencia e identidad cultural de los Pueblos indígenas del mundo, y dicho hecho forma la base fundamental de la Política de Pueblos Indígenas. Asimismo, dicha política pone claro énfasis en reconocer que la inseguridad en la tenencia de las tierras restringe implícitamente los esfuerzos de los PI para participar y recibir los beneficios de las iniciativas de desarrollo, entre ellas las iniciativas relacionadas con el cambio climático.
El régimen de propiedad colectiva de tierras, territorios y recursos naturales, incluso de las áreas que poseen un significado especial para grupos de los PI, entre ellos los sitios sagrados, forma parte esencial de la cosmovisión de los PI y su forma de interaccionar con el mundo. Esto también se reconoce dentro de los objetivos y el alcance de aplicación de la política y en sus principios fundamentales.
Por lo tanto, uno de los objetivos que la política busca es “Promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas a ser propietarios, a usar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otras formas de ocupación o uso tradicional, así como las que hubieran adquirido por otras vías”.[6]
Con respecto al alcance de aplicación de la Política, en el párrafo 17 (pág. 5) se adopta el criterio de presencia, conexión colectiva o derechos sobre áreas donde las actividades financiadas por el GCF se implementarán. Esto incluye áreas donde los PI “han perdido el apego colectivo a hábitats o territorios ancestrales en el área del proyecto debido a la separación forzada, conflictos, programas gubernamentales de reasentamiento, despojos de sus tierras, desastres naturales o la incorporación de dichos territorios a zonas urbanas”. Si existen estas situaciones, se iniciará la aplicación de la política.
Esta conexión a la tierra, cultura y espiritualidad se incorpora en el régimen de las salvaguardas propuestas, las cuales forman parte esencial de la política, entre ellas los Planes de los Pueblos Indígenas (IPP)” y la salvaguarda sobre el reasentamiento Involuntario [7]. Los IPP, por ejemplo, describen las acciones que se deben realizar para minimizar y/o compensar los impactos adversos, así como para identificar las oportunidades y acciones que, de una manera culturalmente apropiada, incrementarían los impactos positivos de un proyecto para los pueblos indígenas.
Uno de los principios rectores que fundamentan la Política de Pueblos Indígenas consiste en la aplicación y respeto al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en cualquier actividad donde se considere el posible financiamiento por parte el GCF, si dicha actividad afectará las tierras, territorios, recursos, medios de vida y culturas de los pueblos indígenas o requerirá su reubicación.[8]
Por lo tanto, la Política de Pueblos Indígenas del GCF dispone que todas sus actividades respetarán y apoyarán los derechos de los pueblos indígenas relacionados con tierras, territorios y recursos y con su patrimonio cultural y espiritual, sus valores, conocimientos tradicionales, prácticas y sistemas de gestión de recursos, sus oficios, sus medios de vida, instituciones consuetudinarias y bienestar general.
La política requiere que las Entidades Acreditadas i) documenten sus esfuerzos para evitar o minimizar los impactos; ii) identifiquen y revisen todos los intereses de propiedad, regímenes de tenencia de las tierras y usos tradicionales de los recursos antes de realizar cualquier compra o arrendamiento; iii) se aseguren de que los PI afectados estén informados y comprendan su situación en relación con la tenencia de las tierras, así como el alcance y la naturaleza de las actividades propuestas para el financiamiento de GCF y los impactos potenciales de las mismas.[9]
En todas estas actividades, será necesario rendir cuentas sobre la inclusividad de género y, específicamente, cómo se toma en consideración el papel de la mujer en la administración y utilización de los recursos de GCF durante la implementación del proyecto.[10]
En las situaciones donde las actividades financiadas por el GCF involucren el uso comercial de tierras, territorios y recursos de los PI, la política concede a los PI el derecho a una participación equitativa en los beneficios derivados de dicho uso comercial, a buscar resarcimiento o tener acceso a posibilidades de desarrollo que compensarían las pérdidas que el proyecto ocasionaría. Esto incluye el derecho a las consultas y a dar su consentimiento a la cantidad y calidad del resarcimiento, lo que incluye medios de vida alternativos.
Para las tierras bajo ocupación tradicional o usos consuetudinarios, en caso de que las mismas no cuenten con un reconocimiento legal, se alienta a las Entidades Acreditadas a trabajar con los PI y con sus gobiernos nacionales para proponer un plan mediante el cual se obtendría el reconocimiento legal de estos derechos de conformidad con la legislación nacional, los tratados internacionales y las tradiciones y sistemas de tenencia de las tierras de los PI. Además, la política incluye un compromiso de priorizar los esfuerzos para evitar los reasentamientos, reubicaciones y desplazamientos involuntarios de las tierras consuetudinarias de los PI.
La política incluye compromisos de ofrecer recursos para apoyar financiera o técnicamente a las entidades acreditadas en sus esfuerzos encaminados a reconocer los regímenes consuetudinarios o tradicionales de tenencia de las tierras, la protección de conocimientos tradicionales y el fortalecimiento de las capacidades de los PI, mujeres y personas con discapacidades para que, en actividades financiadas por el GCF, participen e incidan en la preparación de planes y estrategias, inclusos los que estén relacionados con las tierras, territorios y recursos naturales.[11]
Tomando en cuenta todo lo anterior, la Política de Pueblos Indígenas del GCF busca contribuir a los esfuerzos para promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos en el contexto de las actividades financiadas por el GCF.
Cómo asegurar que lo logrado en la formulación de la Política se convierta en avances positivos sobre el terreno para los medios de vida
- Realizar un análisis, sobre la situación de las tierras, territorios y recursos naturales de los PI, basado su libre determinación, incluyendo sus oficios tradicionales, las tierras que personifican valores culturales y espirituales (aguas sagradas, montañas, árboles, rocas, sitios de inhumación), idiomas, tradiciones, identidades o aspectos ceremoniales de su cultura … violaciones ya existentes y reclamaciones que aún no se han resuelto sobre el derecho a la tierra.
- Llegar a conocer y comprender de una manera más profunda la Política de Pueblos Indígenas, incluso el mecanismo integrado de salvaguardas, y familiarizarse con las entidades involucradas.
- Apreciar la importancia y dinámica de los procesos de CLPI para hacerles funcionar a nivel de la comunidad, en especial los esquemas de toma de decisiones de los grupos comunitarios indígenas con las que la Autoridad Nacional Designada (NDA)[12] y Entidades Acreditadas deben trabajar durante la implementación del proyecto.
- Llegar a un consenso entre los grupos de los PI sobre el contenido de un enfoque “culturalmente apropiado” en el contexto de la tenencia de tierras y recursos naturales.
- Incidir proactivamente con los actores relevantes en la cadena de entrega de servicios del GCF: las Entidades Acreditadas[13], las NDA, la Secretaría y Junta Directiva del GCF y, cuando sea necesario, los Grupos de Asesores Independientes y la institución directamente a cargo de implementar la Política de Pueblos Indígenas.
- Seguir incidiendo con el Grupo Asesor de los Pueblos Indígenas al GCF (IPAG), para mantenerse al tanto de las tendencias emergentes y proveer información a los demás sobre la implementación de la política.
- Identificar a los expertos de los Pueblos Indígenas y hacer cabildeo para que éstos se incluyan en la Lista de Expertos del GCF y, de esta manera, puedan asesorar e influenciar al personal relacionado con el GCF por medio de los grupos de expertos independientes y organismos asesores.
- Incidir proactivamente con la Autoridad Nacional Designada/Punto Focal Nacional y Entidades Nacionales de Acceso Directo sobre el esquema de apoyo a la Preparación y Trabajo Preparatorio a nivel de País, para garantizar que las prioridades de los PI respecto al cambio climático, entre ellas la seguridad en la tenencia de la tierra y el fortalecimiento de capacidades de consulta, abogacía, implementación y administración de proyectos, se reflejen e integren a los Proyectos/programas de desarrollo de GCF planificados para el país.
- Contribuir al monitoreo y a la elaboración participativa de informes sobre la aplicación de la política, para aportar información que se utilizará en las revisiones y ajustes posteriores de la Política de Pueblos Indígenas.
- Contribuir e influir en la elaboración de instrumentos y herramientas tales como el Plan de los Pueblos Indígenas (IPP), el Marco de Planificación y Gestión de los Pueblos Indígenas (IPMF) y los Marcos sobre las Políticas de Reasentamiento, para así garantizar la debida implementación de la Política de Pueblos Indígenas y del Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS) y evitar cualquier impacto negativo potencial generado por las actividades que reciban su financiamiento a través del GCF.
Escrito por: Kimaren ole Riamit, Director Ejecutivo de ILEPA (Indigenous Livelihoods Enhancement Partners).
La elaboración de este documento ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Tebtebba, septiembre de 2019
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[1] Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas (2009) La situación de los Pueblos Indígenas del mundo. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
[2] Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Evaluación del Fondo para los Pueblos Indígenas, 11 de octubre de 2015.
[3] FAO (2015) “Achieving Scale”. El plan de trabajo del Mecanismo para Bosques y Fincas (Forest and Farm Facility): Reunión Anual del Comité Ejecutivo del 19 a 20 de febrero de 2015. FAO, Roma.
[4] Rights and Resources Initiative (RRI), Issue Brief 1: Indigenous Peoples and Local Community Tenure In the INDCS: Status and Recommendations, abril de 2016.
[5] Ibidem.
[6] Fondo Verde para el Clima, Política de Pueblos Indígenas, art. 11(g) pág. 4.
[7] Significa el desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras residenciales o de refugio), desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o acceso a bienes, incluyendo los que conlleven una pérdida de fuentes de ingresos u otros medios de vida), o ambos, provocados por adquisiciones de tierras o restricciones sobre el uso de las tierras a causa del desarrollo de los proyectos.
[8] Fondo Verde para el Clima, Política de Pueblos Indígenas, ¶ 22(a) y (b).
[9] Ibidem, ¶¶ 58 y 59.
[10] Ibidem, ¶ 11(a) sobre los objetivos de la política.
[11] Ibidem, ¶ 72.
[12] La autoridad nacional a cargo de mantener las relaciones y de servir como contacto institucional con el Fondo Verde para el Clima a nivel nacional.
[13] Un organismo nacional o internacional (entidad estatal, agencia de las Naciones Unidas, ONG, banco internacional u otra institución financiera) que ha logrado acreditarse para poder presentar proyectos y obtener acceso a los recursos económicos del Fondo Verde para el Clima.